Hacer de la contratación pública una herramienta estratégica para el desarrollo territorial
A menudo leemos que a las autoridades locales les gustaría que en las licitaciones que convocan ganaran empresas de su departamento o incluso de su propio municipio, en lugar de grandes grupos con ubicaciones establecidas. ¿Cómo podemos fomentar las VPE y las PYME locales en las compras públicas? \n
Favorecer a las empresas locales, ¿es esto posible para los compradores públicos?
\nLa elección de una empresa frente a otra en el marco de una licitación se basa en numerosos criterios (técnicos, financieros, etc.) acompañados de una ponderación. La proximidad geográfica o el origen de una empresa se consideran hoy criterios discriminatorios y, por tanto, inadmisibles. \n\nPor otro lado, ciertos criterios pueden constituir alternativas a la “preferencia local”. Este es el caso de criterios ambientales donde se podrá solicitar una limitación de emisiones de CO2 como parte del cálculo del “coste del ciclo de vida” del producto, obra o prestación del servicio. EL criterio de desempeño de la cadena de suministro También se puede tener en cuenta para promover cortocircuitos o compras directas. Finalmente, el tiempo de entrega o ejecución del contrato puede permitir favorecer a las empresas locales centrándose en la disponibilidad y rapidez de intervención del proveedor del servicio. Tenga cuidado, sin embargo, Sin embargo, estos criterios deben estar justificados. por el objeto del contrato. \n\nPor lo tanto, los compradores públicos no pueden favorecer oficialmente a las empresas locales, pero pueden añadir criterios medioambientales, de abastecimiento o de plazos, si está justificado, en sus convocatorias de licitación. \n¿Qué dice la legislación sobre el acceso de las pequeñas y medianas empresas locales a los mercados públicos?
\nMuchos diputados desean promover las compras públicas locales, es el caso de Benoit Potterie, diputado del LREM, del que puede leerse en el Courrier des Maires: “ Es incongruente que los municipios y EPCI no tengan las herramientas para favorecer a las empresas establecidas localmente en la adjudicación de contratos, mientras que el gobierno busca favorecer los circuitos cortos. ". \n\nLas respuestas dadas a estos diputados son siempre las mismas: favorecer a las empresas locales en la contratación pública es contrario al código de contratación pública y a sus principios constitucionales. \n\nSin embargo, desde hace varios años observamos nuevas medidas para simplificar el acceso a los mercados públicos para todas las empresas y, por tanto, incluso para las más pequeñas. \n\nEste es particularmente el caso de la desmaterialización de la contratación pública, implementado desde 2016 y destinado a simplificar los procedimientos. De hecho, a partir de ahora se utiliza un único documento para la solicitud, el DUME (Documento Único Europeo de Contratación Pública) que sustituye en particular a los documentos DC1 y DC2. Se sustituye la entrega de sobres en papel, que antes era exigible, por el envío de un fichero electrónico. \n\nAdemás, a finales de 2019, un decreto permitió aumentar el umbral de exención del procedimiento de 25.000€ a 40.000€. ¿Qué quiere decir esto? A partir de ahora, todos los contratos públicos cuyo importe sea inferior a 40.000 euros sin impuestos podrán adjudicarse sin publicidad ni licitación previa. Así, los compradores públicos pueden pedir directamente a una empresa que ejecute un contrato sin necesidad de recurrir a una licitación y, por tanto, favorecer a un candidato local. \n\nFinalmente, el ley lo antes posible discutido desde septiembre de 2020 también puede mover las líneas. En efecto, este proyecto de ley de Aceleración y Simplificación de la Acción Pública tiene como objetivo promover la recuperación de la economía mediante: \n- \r\n
- Facilitar el acceso a contratos públicos a determinadas empresas, por ejemplo las que están en quiebra o las que emplean a trabajadores discapacitados. \r\n
- elevar temporalmente el umbral para los contratos públicos celebrados sin publicidad ni licitación competitiva a 100.000 euros en lugar de 40.000 euros \r\n


